Ramón Aquino
En la senda de la concordia y la luz de la esperanza se han encontrado el gobierno de Michoacán y el pueblo de Urapicho; las autoridades comunales acordaron dejar de lado las barricadas a los caminos y a la razón, han decidido creer firmemente en la palabra del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a fin de contar con un cuerpo de seguridad oficial que garantice la tranquilidad entre los vecinos de ese lugar.
La apertura al diálogo y el entendimiento propiciada por el secretario Jesús Reyna García, entre pobladores y autoridad estatal, ha sido ejemplar y no se limita a la posibilidad de contar con un cuerpo de policía en Urapicho, sino que abre nuevos cauces de desarrollo para la población, mediante la proyección de tareas económicas.
La respuesta del gobierno estatal ha sido puntual: se destinarán fuerzas de seguridad pública a la zona de Urapicho, a fin de que se garantice, igual que en el resto del territorio michoacano, la prevalencia del estado de derecho, dejando a los ciudadanos únicamente la responsabilidad de vivir armónicamente.
Hacía mucho –cuentan los vecinos de Urapicho- que el Concejo se Mayores no otorgaba el don de mando a algún representante de la autoridad civil; ahora la confianza fue depositada real y simbólicamente en la persona de encargado de la política interna en el estado de Michoacán, quien ha ofrecido seguridad y desarrollo para Urapicho.
El pueblo de Urapicho, al igual que el de otras comunidades de la Meseta Purépecha, cansado -no desde hace ocho meses sino desde hace muchos años- ha decidido poner un alto a los problemas de inseguridad que afronta: decidió no crear su propia guardia de seguridad comunal, y dejar que el estado atienda esa función que le compete única y exclusivamente.
Los comuneros de Urapicho ya tendieron lazos de comunicación con la Secretaría de Gobierno para asegurar que su decisión raye en la ilegalidad, confiando en la palabra del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a fin de dotar la vigilancia que ofrece el estado, en donde se habrá de incluir, con todos los requisitos de ley, la participación de los jóvenes de la localidad.
El reclamo natural de esta comunidad indígena, hastiada de la intromisión de grupos delincuenciales en su pacífica forma de vida, no se finca en nada que vaya más allá de lo que establece la Constitución –y que en Michoacán lo tutela el gobierno de Fausto Vallejo-: el derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
El acto que apuntaba a la rebeldía -cuando se instalaron las barricadas-, entendido por algunos como una reacción natural luego del trastocamiento del orden, tuvo siempre como único destinatario la atención del gobierno estatal, aceptando de antemano la presencia de fuerzas federales –Ejercito, Marina y Policía Federal Preventiva- con las que hay empatía amplia en la zona de la Meseta Purépecha.
En esta población, en donde en los últimos 10 años han pasado de largo gobiernos que –populista y engañosamente- se han ufanado de impulsar el desarrollo de las poblaciones indígena, no se conocía un cuerpo de seguridad pública local, nunca se había tenido una patrulla de policía, nunca se ha gozado de la certeza de la vigilancia pública.
Este no puede ser un acto de rebeldía de parte de los vecinos de Urapicho, que de esta forma se suman a las comunidades de Nurio, Cherán, Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachuén, Arantepacua, Quinceo y Sevina, que de igual forma se han manifestado para hacer frente a los riesgos de la inseguridad, en donde el gobierno estatal ya propone esquemas de seguridad apegados a la ley y a la concordia local.
Es una respuesta natural al ancestral abandono en el que han estado viviendo estos pueblos, viendo sólo pasar gobiernos municipales, estatales y federales, que medran políticamente con la imagen del indígena y sus necesidades, pero que nada habían hecho por resolver desde sus demandas más elementales, como es el derecho a tener un cuerpo de policía.
Urapicho, al igual que el resto de Michoacán, merece respeto, lo ha reconocido el Gobernador. Y bajo esa tesis se han tendido los ductos de comunicación a fin de que la autodefensa del pueblo purépecha, más allá del fuego mediático que alimenta a la acción, sea un derecho al que tienen todos los michoacanos.