-Por faltas graves o de responsabilidad patrimonial
-Tanto a los servidores públicos como a los particulares
Elena Rojas, Zamora
Recientemente a los Tribunales de Justicia Administrativa, tanto en el ámbito federal como estatal, se les atribuyeron facultades para imponer sanciones por faltas graves o de responsabilidad patrimonial que se puedan llegar a cometer, tanto los servidores públicos como los particulares, informó Rafael Rosales Coria, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Lo anterior lo externo en el marco de la conferencia magistral “anticorrupción y responsabilidades administrativas en el estado de Michoacán” que ofreció en conocida notaria de esta ciudad, organizada por el Instituto de Investigaciones jurídicas del Valle de Zamora AC, con motivo de su quinto aniversario; instituto que preside Juan Carlos Vega Aviña.
Rosales Coria añadió, “en muchos actos de corrupción que implican responsabilidades administrativas, también intervienen los particulares que provocan estas actitudes lesivas. Nuestra responsabilidad es muy grande como impartidores de justicia. Estamos comprometidos a hacer lo que nos corresponde. Crecimos en el derecho y a él nos debemos”.
Comentó que el sistema nacional anticorrupción tiene como objeto fundamental establecer principios generales, políticas públicas, procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no solamente para prevenir y detectar conductas corruptas o de responsabilidad, sino también para sancionar esas faltas administrativas o hechos de corrupción”.
“También en el ámbito de fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema nacional Anticorrupción se integra por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, un comité rector en el sistema de fiscalización y los sistemas locales que son los sistemas de cada estado de la República”, apuntó.
Comentó que una vez surgida la intención del sistema nacional anticorrupción, se habló con los gobernadores de los estados para que impulsen esta reforma constitucional a nivel federal y hagan lo propio a nivel estatal, “no obstante, desde el 2015 que se dieron las reformas de la constitución general de la República, a 3 años, casi la mitad de los estados del país no han trabajado en ello. Afortunadamente en Michoacán si se ha avanzado”.
En ese sentido dijo, “se ha hecho la modificación correspondiente a la Constitución del estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, ya se instaló en el sistema estatal anticorrupción, ya se integró el comité de participación ciudadana en donde participa el supremo tribunal de justicia administrativa, el supremo tribunal de justicia del estado y el auditor superior de Michoacán”.
“No obstante, por ahí encontramos que hay diferencias en algún organismo y que desafortunadamente no ha podido operar. El no poder operar deja cojeando el sistema estatal anticorrupción en Michoacán. Pero si nosotros hemos avanzado en Michoacán, hay otros estados donde no han hecho nada, tal vez por falta de interés “.
“A un gobernador del estado le vestiría decir: en concordancia con la política federal, yo hago lo propio en el estado y que no se diga que yo estoy generando un obstáculo al trabajo en materia de combate a la corrupción”, finalizó.
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