– Propietarios de las mascotas muertas se sienten hostigadas por la policía de ese lugar; marchan en Zamora para pedir justicia por “Buba” y “Canela”
Elena Rojas, Zamora
Ángel Oropeza, integrante de la Asociación civil «Tanmich (Tangancicuaro- Michoacán) de mi corazón», hizo un llamado para no politizar el tema de los perros asesinados la noche del pasado miércoles, presuntamente por el alcalde, David Melgoza Montañez, “más allá de culpar o dañar la imagen de un movimiento político, cada ciudadano, independientemente del puesto que tenga o de la corriente a la que pertenezca, debe hacerse responsable de sus propios actos”.
Lo único que debe ponderar por encima de todo debe ser la justicia, esto lo expresó el domingo pasado tras culminar en la plaza del Teco de esta ciudad la marcha a la cual se sumó la asociación citada para exigir justicia por “Buba” y “Canela”. Iniciaron en la glorieta 5 de mayo, continuaron por Juárez, Hidalgo, el Calvario, para culminar en el Teco, donde arrojaron tinta roja en un charco de agua, símbolo de la sangre derramada en Tangancícuaro.
Subrayó que Melgoza Montañez no ha tenido la sensibilidad para pedir una disculpa a los propietarios de las mascotas, «ese día se atrincheró en su domicilio, la familia lloró a sus caninos y como pueblo comenzó nuestra indignación».
Dijo que, como sociedad, no es que haga más drama por el asesinato de unos perros, que por los homicidios que se registran continuamente, «más bien hace falta que la sociedad se organice para levantar la voz por las causas injustas. Contrario a lo que, si están haciendo las asociaciones animalistas», a esta marcha se sumaron 4 grupos con más de 200 participantes y casi 50 mascotas.
Señaló que a la familia de las mascotas asesinadas externaron que se sienten hostigadas por la propia policía municipal, quien continuamente pasa o se estaciona afuera de su domicilio o incluso vehículos particulares, cuyas personas toman fotografías de su vivienda, con el fin de amedrentar.
Y, por si fuera poco, la fiscalía está aletargando el proceso, «por tratarse de un personaje con poder adquisitivo, si fuera cualquier ciudadano ya se le hubiera puesto tras las rejas o si fueran los perros del fiscal». En caso de declararse culpable, el alcalde tendrá una pena de 2 a 4 años de prisión y pagará una multa de 4 millones de pesos.
