Noé Ortiz
Insisto en el tema: no debe haber espionaje telefónico, ni electrónico, ni de ningún tipo, contra los personajes públicos. Lo que debería haber es la obligación de hacer público cualquier conversación, correo o información que refleje la perspectiva que tiene el personaje público sobre los temas que son de interés público.
Por supuesto que no se trata de hacer una costosísima base de datos buena para nada, como lo fue el renaut o el renave, con ese contenido, pero sí que haya un seguimiento entre lo que dice públicamente y lo que se demuestre, opina en privado.
Si un secretario de gobernación, por ejemplo, dice públicamente en un discurso que su prioridad es darle un trato digno a los migrantes que atraviesan el país, pero se descubre que en lo privado opina que los inmigrantes son una basura que se debe de combatir, lejos de sentirse ofendido por ser descubierto, debería de ser sujeto a sanciones y responsabilidades, pues cabría la presunción de que el trabajo para el que le estamos pagando los mexicanos, no lo está cumpliendo, o lo está realizando de manera engañosa, y, ¿quién tolera a un empleado mentiroso y engañoso?
Claro que quedaría reservado para denuncias penales, aquella revelación de conversaciones y datos privados que no incumban la vida pública del personaje: familia, vida social, actividad profesional privada y relaciones personales.
E insisto en esto, porque parece que lo que molesta a nuestros políticos no es la invasión a la intimidad, sino el balconeo cuando sale a relucir lo miserable, intransigente, hipócrita, insensible, que llegan a ser.
Las opiniones que tengan sobre los temas públicos, deben de ser públicas.
