Noé Ortiz
Una de las consecuencias de que el IFE persista en convertirse en monopolizador, controlador y amo soberano del proceso electoral, es que provoca desinformación, sobre todo, cuando esta debería de provenir de funcionarios que, ante la incertidumbre, prefieren negar entrevistas o pedir que su nombre sea omitido en la información.
Y es entendible, porque las reglas establecidas por el IFE sobre las prohibiciones de difusión de información de parte de los ayuntamientos, son ambiguas, oscuras y sujetas a la interpretación, dejando a cualquier funcionario temeroso de perjudicar a los candidatos de su partido al cumplir con su deber.
Por ejemplo, queda prohibida la difusión que tenga que ver con las acciones de obras: ¿en qué beneficiaría a un candidato el que se difunda información sobre obras iniciadas con anterioridad al inicio de las campañas?
Lo que el IFE quiso decir, es que no se vale que los alcaldes se guarden la ejecución de obras hasta el momento en que comienzan las elecciones, como una manera de inducir el voto. En el derecho, hay algo llamado naturaleza de las cosas, es decir, la valoración que se hace de actos y acciones por el sentido que llevan, actitud que el instituto debería de sancionar cuando una autoridad incurra en ella, y no establecer una regla absurda que prohíbe difundir información. ¿Desde cuándo estar informado tiene consecuencias negativas?
Otro ejemplo es la prohibición de distribuir los recursos de programas sociales, SEDESOL, 70 y más, etcétera, como si el de por sí pírrico esfuerzo por paliar la pobreza fuera un tema secundario, ¿de verdad los señores consejeros creen, sinceramente y de corazón, que el problema de la compra de votos por despensas se origina en las oficinas de los municipios? Política ficción.
Lo dicho, las leyes, políticas y acciones de autoridad que nacen de ocurrencias y carecen de cualquier sustento filosófico, jurídico y legal, terminan dando malos resultados.