Noé Ortiz
Curiosas maneras de jerarquizar los temas nacionales: hace unos días el pleno de la cámara de Senadores se vio pletórica para discutir la inclusión o no del carácter de Estado Laico a nivel Constitucional, mientras que ayer los diputados no lograron el quórum para discutir la ley contra la trata de personas.
Es decir, mientras que por un lado les pareció indispensable marcar su postura en torno a cerrar constitucionalmente la puerta a cualquier tipo de actividad del estado cuando se relacione con actividades religiosas, no lo fue tanto al momento de considerar aprobar una ley que pretende evitar uno de los mayores flagelos que vivimos, la trata de personas, en especial la de menores, cuando, México se coloca como uno de los destinos preferidos de pederastas.
Pero centrémonos en la laicidad. La inclusión del carácter de Laico del estado a nivel constitucional representa un paso importante en la todavía inacabada separación iglesia y estado que pretendió ejecutar Benito Juárez: de facto, el poder de la iglesia católica en lo general, y de otras iglesias en zonas específicas, sigue influyendo en la definición de políticas públicas, y como corresponde a todo culto religioso, generando discriminación.
Desde las presiones de censura provocadas por la iglesia contra el extinto Canal 40 cuando hizo públicos los delitos de pederastia cometido por el entonces casi santo Marcial Maciel, hasta “este pinche billetito” de 15 millones de pesos del erario público que el gobernador de Jalisco Emilio González pretendió entregar al Santuario de los Mártires, pasando por las cuotas políticas de papá Joaquín, de la Luz del Mundo, las comunidades cristianas de Chiapas que coaptan los puestos de elección popular y utilizan su puesto para desplazar a católicos y demás cultos, la conciencia religiosa mantiene una permanente vocación de influir en la política y hacer ganancia de los recursos públicos.
Sólo así se entiende el absurdo de que, por ejemplo, la Iglesia Católica y cultos afines hagan una impresionante movilización para influir en los gobiernos estatales y prohibir el derecho a abortar, so pretexto de que están evitando la muerte de vidas humanas (concepto que sólo es válido desde la creencia sin fundamento médico, fisiológico, biológico, neurológico ni químico), pero que no muevan un dedo para que el estado prohíba fumar, acto que sí mata a miles de personas, pero que es tolerado.
Elevar el carácter de Laico a nivel constitucional no es actuar en contra de una religión, es simplemente el acto justo de garantizar que las políticas y los actos de gobierno no generarán discriminación, sobre todo a las minorías, por cuestiones de creencia.