Noé Ortiz
La reforma laboral carece de todo sentido, como carecen las propuestas desde 1997, porque es una propuesta a la que le falta el sentido social en el que debería de sustentar su naturaleza jurídica: la ley laboral no tiene como fin fomentar el crecimiento económico, para eso están las leyes mercantiles y comerciales; tampoco es responsable de velar por el desarrollo empresarial, para eso existen la ley de competencia y la gran cantidad de programas de apoyo a la micro, mediana y gran empresa.
La finalidad de la ley laboral es cuidar que la distribución de la riqueza, esa que se genera en el proceso económico, para que el trabajador participe de la ganancia que obtiene la empresa; garantizar la estabilidad del trabajador para ser valorado en su desempeño por cuestiones de capacidad y no por simpatía o antipatía con su superior, así como el derecho a la organización para la defensa de sus derechos de manera comunal.
Estoy de acuerdo en que nuestra ley actual no cumple con ninguno de estos objetivos, que los conceptos de salario mínimo y sindicato están superados por la realidad y que el exceso en la protección al trabajador crea inestabilidad en el empresario, como en el caso del engorroso e inútil proceso de despido justificado, pero eso no quiere decir que cualquier reforma sea mejor que lo que tenemos.
Nuestra Ley Federal del Trabajo necesita tres cosas fundamentalmente: la flexibilidad en la contratación para que pueda haber contratos por periodos determinados y calculo de salarios en base a la productividad del trabajador. Este concepto es más entendible en la industria maquiladora, en donde la empresa puede contratar trabajadores eventuales y pagarles un salario variable de acuerdo a lo que trabaja, o a destajo, conceptos que sólo son aceptables cuando bajo estas condiciones, el empleado gana más de lo que ganaría en una jornada ordinaria de 8 horas, algo que no contempla la propuesta de reforma.
Simplicidad en el proceso de despido, para que el patrón tenga como única responsabilidad, el acreditar en un juicio la necesidad de la medida, eliminando todo el proceso previo de levantar actas internas y luego solicitar a la autoridad notificaciones sin sentido, violando el derecho del empleador a llegar en situación de equidad a un juicio laboral.
Finalmente, es gran tema de los sindicatos, que como entes de interés social y como organizaciones que deberían de tener un motor democrático, deberían estar sujetos a procesos de transparencia en el uso y destino de recursos, así como a los ordenamientos generales electorales, sobre todo aquellos sindicatos que reciben dinero de entidades del gobierno y aglutinan trabajadores del sector público.
Desafortunadamente son los tres temas que no contempla la reforma propuesta, por lo que, prospere o no prospere, la situación laboral en nuestro país no cambiará. Otra vez, nuestros legisladores trabados en discusiones de saliva.
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