- Se consolidarán en Michoacán las 10 estrategias que orienta la Política de Seguridad y Procuración de Justicia, instruidas por el presidente de la República, aseguró el gobernador del Estado.
Morelia
El Gobierno del Estado se encuentra trabajando estrechamente con el Gobierno de la República para lograr desarrollo social y reactivar la economía en Michoacán, pues no descansaremos hasta restablecer la tranquilidad de todos los michoacanos, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante la toma de protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En presencia de los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, y de la Procuraduría de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, Fausto Vallejo tomó protesta como secretario ejecutivo de este Consejo, a Bernardo Trelles Duarte.
Ante los munícipes de los distintos grupos partidistas, presentantes de los diferentes Poderes del Estado, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil, el mandatario estatal reconoció que en los últimos años la delincuencia estaba ganando terreno en nuestra entidad, y desde que inició su gobierno se pidió el apoyo a la Federación de manera recurrente, situación que demoró bastante, “pero que ahora con el presidente del República Enrique Peña Nieto, vino la respuesta contundente”.
Manifestó, durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo celebrada en la Sala Morelos de Casa de Gobierno, que a más de dos semanas de haber iniciado la nueva Estrategia Integral en Seguridad, se pueden ver resultados contundentes, como es la captura de algunos líderes delictivos y la institucionalización de las autodefensas; además de apoyos a microempresarios de la región, y los más de 3 mil millones de pesos de recursos federales que se aplicarán con la adhesión de los 29 municipios de la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente a la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
El gobernador reconoció que aún son muchos los retos pendientes, y aseguró que no se descansará hasta restablecer la tranquilidad de todos los michoacanos; por ello exhortó a los integrantes del Consejo a participar en lo necesario para consolidar en Michoacán las 10 estrategias que orienta la Política de Seguridad y Procuración de Justicia, que ha instruido el presidente de la República.
Estas acciones son: Prevención del delito y reconstrucción del tejido social; Justicia penal eficaz; Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía; Transformación del sistema penitenciario; Promoción y articulación de la participación ciudadana; Cooperación internacional; Información que sirva al ciudadano; Coordinación entre autoridades; Regionalización; y Fortalecimiento de la inteligencia.
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y ELIMINAR EL COBRO DE PISO, RETOS A CORTO PLAZO
Por su parte, Bernardo Trelles Duarte, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, apuntó que hay retos de gran importancia en materia de seguridad, como es la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que será sin duda el proyecto de mayor trascendencia para la sociedad michoacana; la creación del Sistema Estatal de Protección, mismo que permitirá potenciar el uso de información disponible en las instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia para hacer análisis de correlación, referencia cruzada y búsqueda de objetivos; así como redoblar esfuerzos en materia de sistematización de la rendición de cuentas; y fortalecer las estrategias de prevención y acercamiento con los ciudadanos, debido a que es fundamental recobrar la confianza de la base social.
“Estamos en una oportunidad histórica de hacer una de las mayores contribuciones a Michoacán, ello se puede con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, para lo cual, abundó, se requiere de elementos de seguridad bien capacitados y conminó a los presidentes municipales a apostarle a esta contribución.
Mientras que el titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos, agradeció en primera instancia la decisión del gobernador Fausto Vallejo de reformar el Código Penal estatal, para tipificar como delito el brindar información que ponga en riesgo las acciones de prevención de violencia y en general, las acciones de seguridad pública.
