Noé Ortiz
Establecer la figura del indulto presidencial sólo puede entenderse, desde mi punto de vista, cuando hay un cambio de gobierno de uno totalitario a uno democrático, con el fin de otorgar la libertad a aquellos presos que fueron víctimas de procesos judiciales que no cumplieron con los principios del derecho universalmente aceptados, o cuando existen personas encarceladas reconocidas como presos políticos o de conciencia (lo que implica subyacentemente la existencia de procesos dictatoriales), pero en un sistema que se presume democrático y apegado a derecho, es una contradicción.
Y el caso del primer beneficiado con la recientemente instaurada figura jurídica, ratifica ese sinsentido que tiene riesgos muy grandes: Alberto Patishtán Gómez fue liberado tras 13 años de reclusión, bajo el argumento de que su proceso judicial violó de manera grave sus Derechos Humanos.
Esto representó una buena noticia para él, pero plantea un pésimo panorama para el marco legal en el que se sustenta nuestro país.
Si se reconoce que Patishtán fue víctima de un sistema judicial corrupto, ineficiente e incapaz de brindar justicia, su excarcelación debió de haber sido seguida de la puesta a disposición de los involucrados (jueces, ministerios públicos, secretarios, etcétera), a los juicios de responsabilidad y procesos penales en los que se hagan acreedores a las sanciones por no hacer bien su trabajo, reconociendo la ineficacia del órgano de justicia para sustituirlo por otro que sí respete los Derechos Humanos de los inculpados.
O bien se le está regalando al presidente una herramienta que lo coloca por encima del Poder Judicial, pudiendo desestimar sus resoluciones y terminando con la ya de por sí endeble división de poderes, que hasta el momento ha permitido un equilibrio más o menos entendible entre políticos y ciudadanos.
Por desgracia seguimos avanzando por el camino en el que las ficciones ya no sólo son parte de nuestra vida pública, sino que ahora se vuelven indispensables para la existencia del Estado.
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