-Con engaños les piden resguardo ante contingencia para ya no pagar su salario
Oscar De La Rosa, Zamora
Un total de 35 personas que participaron durante el censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fueron despedidos de manera injustificada y con engaños. A los verificadores solo les quieren pagar 3 días de salarios; 7 días a los jefes de verificadores y 10 días a los responsables de verificación, de un total de 17 días que durarían los trabajos.
“En primera instancia se nos había dicho que durante 30 días nos íbamos a descansar como consecuencia de la cuarentena pero ahora nos topamos con la sorpresa de que se acabó el trabajo. Lo indignante es que la mayoría de los verificadores son personas que por la edad u otras circunstancias estaban desempleadas y ahora se quedan sin la posibilidad de percibir algún recurso en estos momentos difíciles”, puntualizó personal contratado por INEGI para el censo.
“De antemano sabíamos que era un trabajo temporal, pero bien remunerado y de alguna manera para las personas se hace una fuente única de ingresos que ahora no van a recibir. Hay otros compañeros que son supervisores y que no han recibido su pago respectivo por sus servicios aun cuando las faenas son pesadas”, dijeron.
Mencionaron que el cuestionamiento de los verificadores es qué va a pasar con todos los recursos asignados para el pago de nómina y lamentaron que quieran maquillar la situación porque consideraron que los técnicos especializados y responsables del trabajo en la región de Zamora se laven las manos al decir que es una determinación sorpresiva, cuando ya había una planeación previa de los trabajos y pago de salarios.
“Hay una incongruencia por parte de INEGI cuando dice que se preocupa por sus trabajadores, en los hechos es todo lo contrario. Fueron 10 días que no guardamos cuarentena porque trabajamos por necesidad para obtener un ingreso y llevar el sustento a nuestros hogares, ahora nos dan las gracias así sin explicación”, subrayaron.
Concluyeron al decir que están en un proceso de análisis para meter una demanda colectiva en contra de INEGI, por el maltrato laboral y más porque los responsables sólo se limitan a decir que son órdenes de los altos mandos tener que terminar con sus contratos y sin finiquito alguno.