Zamora, Michoacán, 3 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Zamora, obtuvo sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Roberto Carlos “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, el 4 de julio de 2016, el sentenciado acudió a un negocio de estructuras y soldaduras ubicado en la colonia Valencia Segunda Sección, en Zamora, con la finalidad de localizar a la víctima.
Más tarde, regresó al establecimiento y, portando un arma de fuego, intentó obligar a una mujer que se encontraba en el lugar a acompañarlo para localizar a su esposo; sin embargo, ella logró resguardarse.
En ese momento, Roberto Carlos “N” amagó con el arma de fuego a la víctima y la obligó a subir a un vehículo, privándola de la libertad y manteniéndola bajo amenaza durante el trayecto.
El sentenciado se dirigió con la víctima hacia las inmediaciones de una agencia de vehículos ubicada en la colonia Jardinadas, donde se encontrarían con el padre de ésta.
Al tenerlo a la vista, Roberto Carlos “N” lo amenazó de muerte y accionó el arma de fuego en su contra; sin embargo, ésta no detonó debido a una falla. Ante el riesgo, la víctima y su padre corrieron hacia el interior de la agencia para ponerse a salvo, mientras el agresor se dio a la fuga a bordo del vehículo.
Derivado de las investigaciones y del proceso penal correspondiente, la Fiscalía Regional de Zamora acreditó la responsabilidad de Roberto Carlos “N” en el delito de secuestro agravado.
Durante la audiencia de individualización de sanciones, el órgano jurisdiccional le impuso una pena de 55 años de prisión y el pago de una multa de 328 mil 680 pesos.
Asimismo, determinó que la reparación del daño a favor de las víctimas directa e indirectas será cubierta en la etapa de ejecución de sanciones.
Con este resultado, la FGE refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la libertad y seguridad de las personas, así como de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas.
