Las buenas intenciones.
José Luis Ceja Guerra.
La propuesta de la alcaldía de Sahuayo de descentralizar el agua potable y volverla, de un departamento a un organismo operador desconcentrado, es quizá uno de los temas más delicados en lo que va de la presente administración por lo que representa la problemática de la carencia del vital líquido.
De entrada, es conocido de todos que lo que ocurre en Sahuayo es que literalmente ya no alcanza el agua existente debido al aumento de la densidad poblacional y a la aprobación que se ha venido haciendo históricamente de nuevos fraccionamientos y urbanizaciones de manera indiscriminada sobre todo de lo que se denomina como “Privados” o cotos residenciales, que no son otra cosa que pequeñas ciudadelas al interior de la ciudad con todos los derechos pero un mínimo de responsabilidades.
Entre estos derechos se encuentra el de la dotación de agua, servicio que tiene que entregarse por dos premisas fundamentales, la primera es que el agua es un derecho legal y la segunda, quizá más importante que la primera, es que los dueños y los habitantes de estos privados pertenecen a la élite de esta y otras ciudades de la región.
En fin que, de acuerdo a los integrantes del Partido Revolucionario Institucional de Sahuayo, no es viable la descentralización del agua potable ya que, dicen, esto sería el primer paso a la privatización del servicio, esto es, ceder la administración y operación de agua potable a manos de particulares.
Lo cierto es que de acuerdo a la última actualización de datos del departamento de agua potable en este municipio se arrastra una cartera vencida cercana a los 35 millones de pesos como producto de la morosidad de los usuarios, cifra que se antoja imposible de recuperar a menos que se dé un golpe de autoridad en este tema.
Evidentemente, cualquier acción que se tome desde cabildo para reducir el gasto, incrementar el costo o solucionar el problema del agua potable generará descontento en la sociedad una serie de sentimientos encontrados y un alto costo político y eso es lo que trata de evitar el PRI al que lo que le interesa es que el estado de cosas no cambie para no tener que cargar con parte de este costo.
Sin embargo existen municipios como Jiquilpan y Venustiano donde se está trabajando de manera concreta en el tema del abasto y de la operatividad financiera de sus organismos operadores de agua.
En Jiquilpan, de entrada, al final de la actual administración el costo del agua potable será 30 por ciento mayor a lo que se pagó en enero del 2015, de acuerdo al alcalde Clemente Covarrubias, esto garantizará la auto sustentabilidad de este organismo y permitirá solamente un déficit del 5 por ciento anual entre los gastos de operación y los mecanismos de recaudación.
En Venustiano Carranza el Colegiado optó por negar los permisos para nuevos fraccionamientos y urbanizaciones bajo el lapidario argumento de que simple y llanamente no hay agua para abastecerlos, una medida razonable si se toma en cuenta que actualmente la Ciénega de Chapala se encuentra en zona de veda para nuevas perforaciones.
En fin a más de ser bandera de campaña, el asunto del agua en la Ciénega de Chapala es realmente serio y uno de los temas sobre los que se tendrá que trabajar a la voz de ya sin importar los costos políticos que pudieran generarse.