Comunicado, Morelia
El delito de desaparición forzada debe ser incluido dentro del nuevo Código Penal del Estado, tomando en cuenta los instrumentos Internacionales de derechos humanos, lo que asegurará el desarrollo de políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación, así lo afirmó la diputada local Laura González Martínez durante el informe de la Misión a México del Grupo de Trabajo de la Unión de Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.
La legisladora de Acción Nacional comentó que la impunidad para los delitos en general y las desapariciones forzadas en particular, permanece como el reto principal de nuestro país, tanto a nivel federal como local, ya que menos del 25 por ciento de los delitos son denunciados y sólo el 2 por ciento resulta en una sentencia condenatoria.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Local, reconoció la valiente imputación que han hecho los familiares de las víctimas, que han puesto a nivel nacional e internacional la gravedad del fenómeno, por lo que comentó que el informe debe ser un parte aguas en la defensa de los derechos humanos y en las legislaciones para que éstas situaciones se erradiquen.
La diputada del albiazul, resaltó las medidas adoptadas por el Estado Mexicano relacionadas con los crímenes cometidos durante la “Guerra Sucia”, como es la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en el año de 2006, por la Asamblea General de la ONU, cuya entrada en vigor fue en diciembre de 2010 al alcanzarse la vigésima ratificación.
“Esto demuestra el compromiso por parte del Gobierno Mexicano, en tratar de erradicar dicho fenómeno y de ajustarse a las disposiciones internacionales”, así lo señaló González Martínez, que desde su creación y hasta su informe anual de 2010, el Grupo de Trabajo ha transmitido 412 casos al Gobierno de México, de los cuales, 24 casos se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes, 134 se han esclarecido sobre la base de la información aportada por el Gobierno, 16 se han descontinuado y 238 siguen sin resolverse, “situación que sin lugar a dudas nos deja ver un avance en el tema”.
Para concluir, González Martínez precisó que se debe seguir trabajando para lograr hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas de desaparición forzada, así como garantizar la coordinación entre las autoridades responsables. (ce)
