¿Y cómo le vamos a entrar?
José Luis Ceja Guerra.
Con esto de la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Político-Electoral, falta saber cómo abordarán los medios de comunicación este tema y sobre todo si va a haber piso parejo entre los medios nacionales y los estatales.
Para empezar, el Congreso de la Unión deberá establecer los mecanismos necesarios para que la información llegue de manera clara y precisa a quienes ejercemos la labor de reporteo a ras de tierra, que se nos diga qué podemos y qué no podemos hacer en el marco de la cobertura del proceso electoral y sobre todo si todos los medios de difusión y comunicación, incluidas las redes sociales, serán sujetos a fiscalización.
Para nadie es un secreto que en el proceso electoral local anterior y para efectos mediáticos, redes sociales como Facebook y otras desplazaron a los medios de comunicación tradicionales como la prensa escrita, radio y televisión sobre todo porque se abatían los costos a prácticamente nada y sobre todo porque la difusión de un candidato determinado podía darse sin límite de tiempo ni de espacio.
Metidos en esa reflexión, nos queda claro que los legisladores mexicanos tomaron en cuenta todos los factores para procurar una elección equitativa, sin embargo históricamente el problema de este país y más en temas tan delicados como una elección ha sido el desconocimiento y de no darse una amplia difusión a las reformas en esta materia lo más seguro es que al menos a la vista del mundo la reforma se vuelva inoperante simplemente porque nadie de los que deberían conocer al dedillo las leyes secundarias las conocen.
Por su relevancia en los procesos electorales, deberán ser los comunicadores, las Asociaciones Civiles, los operadores políticos a los que deberán enfocarse foros de información específica sobre cómo se operarán los procesos, qué se puede y no se puede publicar, hasta dónde abarca la cobertura informativa y dónde empieza la cobertura de campaña, estos son los detalles que deberán preocuparnos a los comunicadores.
Ha existido una flojera casi institucional para desplazar conocedores en la materia para informar a los interesados de los cambios que se dan en leyes, ordenanzas y reglamentos y pasa por los tres niveles de gobierno al grado de que a nivel municipal ni comunicadores, Asociaciones Civiles o grupos ciudadanos cuentan con ejemplares actualizados de la Ley Orgánica Municipal, no digamos de la Constitución del Estado o de la General.
No podemos pedir una sociedad que respete las leyes si no obligamos al Estado a dar a conocer estas leyes. De seguir por este sendero de “la ley para mí” no podemos aspirar a una sociedad ordenada y menos en el tema político electoral donde por lo menos a nivel local, estos procesos tienen más que ver con asegurar el sustento un trienio que con hacer prevalecer la ideología política sobre la ideología del contrincante.
Desgraciadamente parece que el Estado aplica aquella máxima de “conocimiento es poder” pues al no dar a conocer las reglas del juego a los participantes propiciará interpretaciones que invariablemente estarán sujetas a la formación académica, moral y social de cada uno de los individuos.
Esto es, lo que para algunos será delito, para otros será una práctica regular y habrá quienes ante el delito cometido aleguen ignorancia.
¿Pa’ cuándo?
Es la recurrente pregunta de los priistas de Sahuayo quienes de plano están molestos (al estilo Sahuayo) con el todavía dirigente local Ernesto Maldonado pues, dicen, ha nadado de a muertito en lo que se refiere al nombramiento de su sucesor se refiere y es que después de los tristes resultados obtenidos en el pasado proceso electoral algunos consideran que, por orgullo, debió presentar su renuncia al día siguiente de la elección.