José Luis Ceja Guerra
“Lo cortés no quita lo valiente”
Hay cosas que sólo se pueden explicar bajo la lógica de no entender nada, por un lado la solidaridad mostrada por el alcalde de Jiquilpan con el legislador federal Salvador Romero por el ataque a su casa de enlace; por el otro, la falta de sintonía al menos en los discursos entre dos de los tres legisladores federales del PRI en el Distrito IV son un par de ejemplos.
Y es que, mientras a todo mundo le queda claro que los actos de vandalismo registrados en la casa de enlace del diputado federal Salvador Romero en Jiquilpan fueron realizados por integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ligados al PRD aún de manera coyuntural, resultó curioso que el edil perredista de Jiquilpan diera la cara y mostrara esa hidalguía proverbial en el jiquilpense para, respetar las expresiones sociales y a la vez desaprobar los ataques a la oficina del legislador federal priista.
Igual de curioso fue que en el tema de la reforma electoral los discursos, de un mismo partido y de un mismo espacio temporal y físico de Salvador Romero, electo vía voto y Alfredo Anaya, diputado por vía plurinominal, se separaban de manera clara.
Romero Valencia hablaba de los logros con esta reforma mientras Anaya Gudiño señalaba que no era la panacea pregonada; no faltó quien viera en ello una suerte de confrontación sin embargo, en su momento, el legislador jiquilpense dijo estar absolutamente convencido de que no todos pensarán como él.
Otro tema que llamó la atención de la clase política de Jiquilpan y Sahuayo fue el asunto de los límites territoriales entre estas dos ciudades y más porque, el origen del conflicto, al menos en la era moderna se dio no por el territorio sino por los 96 millones de pesos que, de acuerdo a lo que declaró en su momento el ex alcalde de Jiquilpan Francisco Mora, el gobierno federal ha entregado al municipio de Sahuayo desde el año 2000 luego de lo que se ha llamado “El error del INEGI” en el que los habitantes de cinco colonias de Jiquilpan fuera enlistados en la operación de programas federales del municipio de Sahuayo.
El asunto se mantenía más o menos dormido hasta el pasado 2 de octubre en que el legislador local José Eduardo Anaya, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, puso el tema sobre la mesa en base a los testimonios documentales existentes.
Este mismo legislador habló del tema de la iniciativa del Código Municipal que, con todo lo bueno y lo necesario que pudiera ser, sí necesita ser sometido a la revisión de aquellos a quienes afecta directamente; a estas alturas de la vida política de los municipios resulta incomprensible que las decisiones que afectan a miles de personas sean tomadas cuando mucho por una docena de ciudadanos electos por voto popular; es necesario que en esta iniciativa se incluya un cabildo ampliado conformado por los jefes de tenencia, encargados del orden, autoridades comunales, comités comunales de agua potable, presidentes de juntas vecinales y presidentes de colegios de profesionistas que pudieran brindar un panorama más certero de las necesidades de cada municipio.
Es necesario reglamentar la elección de jefes de tenencia y encargados del orden ya que al momento las lagunas existentes en este tema han generado desencuentros entre los habitantes de tenencias.
Pero en fin, a unas semanas de la elección de consejeros y congresistas del PRD y, sin entender el valor político que esto representa, integrantes de las diversas corrientes en Jiquilpan ofertan casa por casa un puesto en estos consejos a cambio del apoyo para cuando se realice el relevo, si es que se llega a dar, de los comités municipales.