José Luis Ceja Guerra
“Donde manda capitán no gobierna marinero” y eso le pasó a una de las corrientes de opinión del PRD jiquilpense a cuyos integrantes ya les dejaron en claro que el edificio sede de este instituto político es propiedad del PRD nacional lo que, seguramente en fechas próximas hará correr ríos de tinta.
Y es que a través de diversos medios de comunicación se dio cuenta de las declaraciones del ex edil Francisco Mora en el sentido de constituir una asociación civil a nombre de la cual se escrituró la finca de Constitución y Arteaga que fue comprada, en parte, con los recursos generados a través del descuento de las cuotas estatutarias a los funcionarios municipales de la administración 2008-2011 para ser la sede municipal del PRD.
Y tocó en suerte al Secretario General del PRD, Carlos Torres Piña, a pregunta de los comunicadores, aclarar que este edificio es del Comité Ejecutivo Nacional del PRD aunque ninguna de las dos partes ha dado a conocer documento alguno que dé sustento a sus dichos.
Señalábamos en este espacio que más temprano que tarde se tendría que reflejar el tema de los recortes de las partidas presupuestales en las ciudades puntales del proyecto de conurbación de la Ciénaga de Chapala (Sahuayo y Jiquilpan) y ante ello, al menos Sahuayo ya tomó medidas al respecto mediante el despido de personal aunque a la ciudadanía no le queda del todo claro cómo es que el despido de 24 personas vendrá a solucionar el recorte de casi 2 millones de pesos que se le ha aplicado a esta ciudad en los últimos meses.
En ese sentido, dos regidores han señalado que la intención es separar de manera paulatina a casi cien trabajadores operativos del municipio lo que pudiera ser evitado si en lugar de estos trabajadores se da el cese de titulares de departamentos que hasta la fecha no han dado resultados concretos.
Aunque en el municipio de Jiquilpan de manera formal no se han anunciado despidos ante los recortes presupuestales sí existe información extra oficial el señalamiento del despido de algunos trabajadores en base, aseguran, a las filias y fobias de los directores de departamentos.
Una de las funciones de los regidores en el Estado de Michoacán es elaborar aquellos reglamentos del orden municipal que permitan una mejor convivencia entre la ciudadanía pero en el caso de Jiquilpan, quizá por ignorancia o por soberbia, existen funcionarios que pretenden realizar esta función.
Resulta que sin más ni más la administradora de mercados de este municipio elaboró y remitió a cabildo un reglamento de comercio para su aprobación y, ahora sí, por ignorancia, un par de regidores intentaron que, sin estar en el orden del día y sobre la normatividad existente se aprobara este reglamento.
Si bien es cierto que el artículo 10, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán señala que los ciudadanos podrán “Proponer ante el Ayuntamiento el Bando de Gobierno Municipal, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en el municipio, con el objeto de organizar el gobierno municipal y regular sus atribuciones y procedimientos”, la forma en que fue presentado este reglamento fue bastante irregular ya que la proponente ni siquiera se presentó a sesión del colegiado, y en ese sentido la frase dicha por el edil sobre este tema fue lapidaria: “Si ni siquiera está aprobado no está a discusión”.