José Luis Ceja Guerra
Resulta que los regidores del Ayuntamiento de Jiquilpan han considerado una prioridad que a costa del erario les sea rentado un inmueble para brindar atención a la ciudadanía mientras cierran los ojos ante temas tan delicados como el de preguntar quién y por qué se autorizó la instalación de una cantina en una de las cabañas al interior del Bosque Cuauhtémoc una de las dos áreas naturales protegidas de este municipio.
Es de recordar que mientras existen alcaldías que se han tomado vacaciones forzosas debido a los recortes en sus partidas presupuestales, los integrantes del colegiado jiquilpense lejos de aportar propuestas que permitan reducir el gasto corriente demandan que el municipio erogue 1,500 pesos mensuales para instalar la oficina de regidores en la que cuenten con línea telefónica y servicio de internet.
Y es que debido a que el Colegiado se ha dado a la tarea de hacer la fiscalización del personal de cada uno de los departamentos de este municipio han convocado a los trabajadores operativos para cotejar la nómina en cada uno de ellos por lo que el espacio de la oficina de regidores resulta insuficiente y es ese el argumento para pedir que les pongan “casa aparte”.
Lo curioso es que ninguno de los regidores ha acertado a explicar cuál es el sustento legal que les permite encabezar esta fiscalización ya que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán señala al colegiado como participante en la supervisión del estado financiero de la municipalidad: “Participar en la supervisión de los estados financiero y patrimonial del Municipio y de la situación en general del Ayuntamiento” (Capítulo III, artículo 52, Fracción VII de la LOM).
Esta ambigüedad en el texto ha sido motivo para que algunos jefes de departamento se hayan inconformado con estas revisiones que, de acuerdo a lo externado de manera extra oficial por una de las regidoras, lleva la intención de detectar y erradicar a los aviadores aunque, nuevamente, no se ha explicado si existe validez legal en estas revisiones para, en caso de encontrarlos, se recomiende el cese de estos empleados.
Una de las características de algunos regidores de Jiquilpan es su constante incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen, ven sólo la paja en el ojo ajeno; de manera concreta Salvador Sánchez Guerra, regidor de vialidad en este municipio quien acusó al ex jefe de vialidad de este municipio de actuar por intereses personales en los conflictos transportistas registrados durante los últimos meses del año anterior.
Lo que olvida ventajosamente el regidor es que él también ha actuado y actúa todavía motivado por los intereses de la agrupación transportista Unión Lucía de la Paz de la cual es integrante, así pues el regidor propone y demanda del Cabildo acciones que benefician a intereses personales sin importar si para ello tiene que mentir ante el Cabildo como lo hizo al asegurar la existencia de una base de taxis en el fraccionamiento Colinas del Paraíso o actuar de manera tendenciosa como lo hizo al encabezar la comisión para dar solución al conflicto de los recolectores de basura cuando una de las dos partes en pugna era la organización a la que él pertenece.
Incluso para el detective Héctor Belascoarán Shayne (Días de Combate de Paco Ignacio Taibo II) sería difícil resolver el misterio de la cantina en el Bosque Cuauhtémoc de Jiquilpan ya que, de acuerdo a información vertida por medios de comunicación de esta región hasta el edil Francisco Álvarez desconoce quién y por qué se autorizó su instalación.
Es interesante este tema ya que hasta el momento ni siquiera los integrantes del Consejo de administración de las Áreas Naturales Protegidas de Jiquilpan han salido a pedir una explicación a no ser que ésta haya sido dada de manera convincente en el terreno corto.