-SAPAZ ha revisado más de 60 empresas para evitar afectaciones agrícolas
-Solicitará que agua vertida de establecimientos tenga menos de 60 DBOS
-También exigen a comerciantes de Canindo funcionalidad de planta tratadora
Oscar De La Rosa, Zamora
Serán clausurados los negocios que arrojen descargas residuales directas (por no contar con filtros para el tratamiento) a drenes y canales. El propósito es no afectar el riego de granos de los agricultores porque podría haber severas afectaciones en la producción y la salud de quienes consumen esos productos.
“Hemos revisado más de 60 empresas durante lo que va del año y hasta la fecha nos han certificado que no arrojan descargas directas a los afluentes; sin embargo nos encargamos de verificar que el agua vertida de los establecimiento salga con menos de 60 DBOS que indican que no representa ningún riesgo para el riego agrícola”, informó Atahualpa Ventura Orozco, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ).
Subrayó que la descarga de aguas residuales se ha convertido en un foco de atención para el organismo, si se toma en consideración que los productores agrícolas dependen en demasía del agua de los drenes y canales, tras la veda que hay en Michoacán por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que evita nuevas perforaciones de pozos.
Comentó que incluso han procurado que el riego de granos no se vea afectado por medio de la inclusión de proyectos como la ampliación de la planta tratadora que garantizará agua de calidad para que el 100 por ciento de los cultivos tenga agua de calidad.
Aseguró que han recibido una denuncia de los productores agrícolas de San Esteban en donde aseguran que sus granos se ven severamente afectados por la descarga de una gasolinera y una procesadora de alimentos de reciente creación, lo cual será revisado para dar una solución concreta.
“No será el único caso que vamos a atender porque también detectamos que hay una planta tratadora que genera problemas a la comunidad de Canindo y que está ubicada en una conocida Central de Abastos. El detalle es que el inmueble se encuentra inoperante porque es una situación que no han atendido los comerciantes”, dijo.
Mencionó que han solicitado a los comerciantes de Canindo que hagan funcionar la planta tratadora a la brevedad posible. El costo de operatividad oscila entre los 600 y 700 mil pesos y son recursos que deben cubrir los miembros del complejo comercial al tratarse de un inmueble particular.
“Lo que sí es un hecho es que la intención es frenar la contaminación que se genera de la planta tratadora porque la prioridad de nosotros es proteger el campo. No vamos actuar únicamente con discursos, sino con acciones concretas para evitar afectaciones a cultivos”, finalizó.
Numeraria
2 casos de descargas residuales atenderá SAPAZ
