-Deben presentar una demanda ante el TJA
Elena Rojas, Zamora
El Derecho de Alumbrado Público (DAP) es un impuesto anticonstitucional que no debería pagar el ciudadano ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que es una obligación de los ayuntamientos dotar de este servicio a los ciudadanos. Sin embargo, sigue apareciendo este cobro en el recibo de luz.
Para poder anularlo en este año fiscal 2020 es necesario que el ciudadano presente ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) una demanda, toda vez que esta instancia lo defendedera de manera gratuita para que no se le haga este cobro indebido.
Daniel Magaña Flores, defensor jurídico del TJA, invitó a los ciudadanos a acudir a esta defensoría ubicada en la calle de Galeana casi esquina con Juárez, para lo cual deben presentar su primer recibo bimestral de luz del 2020 ya pagado, su credencial de elector para solicitar que se anule el año fiscal y el ayuntamiento le regrese al ciudadano el bimestre pagado por concepto del DAP.
Dejó en claro que para que al ciudadano le regresen el recurso de años fiscales anteriores es necesario que promueva un amparo ante el Instituto Federal de la Defensoría Publica, ubicado en Morelia, en el edificio “C” del Poder Judicial de la Federación, en avenida Camelinas N° 3550, en el club Campestre, “esta instancia si es competente para demandar a la CFE y pugne porque ya no siga apareciendo dicho cobro en el recibo”.
Finalmente aseguró que una vez que el ciudadano presenta la demanda ante el DAP, el proceso para la devolución del mismo tarda de 8 meses a un año dos meses. Dijo que es lamentable que se trate de un cobro anticonstitucional y que siga apareciendo en el recibo de luz, “prácticamente ya debería de eliminarse, así evitaría al tribunal cargas laborales excesivas. Y evitaría que el ciudadano cada año tenga que hacer ese trámite para solicitar la devolución del DAP ante este Tribunal”.
“Desconocemos cuanto capta anualmente el ayuntamiento de Zamora por ese concepto, pero lo que sí es un hecho es que es un cobro injusto, ya que los municipios están obligados a garantizar ese servicio básico a la población”, indicó.