-De lo contrario, se harán acreedores a sanciones entre 300 a 500 mil pesos, fundamental garantizar trasparencia a los ciudadanos
Elena Rojas, Zamora
De acuerdo con la ley general de archivos y la ley de acceso y trasparencia, las diversas áreas de los ayuntamientos tienen como fecha límite el 29 de enero de este año para presentar su información documental al archivo general municipal, para que este a su vez envié la información al área de trasparencia y se suba al portal web.
De lo contrario, quien no cumpla con esta disposición se hará acreedor a sanciones que van de los 300 a 500 mil pesos, según oficio girado el pasado 5 de enero a las 25 áreas con que cuenta el ayuntamiento, informó Héctor Castellanos Flores, coordinador del archivo general municipal de Tangancícuaro.
En su visita a esta ciudad, el funcionario dijo que en este momento están requiriendo a los distintos departamentos y áreas municipales todos los documentos que generan, “por ejemplo, el área de tesorería sus ingresos, egresos, movimientos contables, oficios recibidos y emitidos, etc. Pese a que faltan pocos días para que el plazo expire, sólo se lleva un avance del 10 por ciento”.
Reconoció que hay un rezago, del cual desconoce a que se deba, “pero deben ser responsables y cumplir con el requisito, porque es fundamental garantizar trasparencia a los ciudadanos. Las áreas con mayor rezago son: la casa de la cultura, asuntos indígenas y catastro, entre otras que han hecho caso omiso”.
Y en contraste, agregó, “las áreas más responsables son: la unidad de trasparencia, medio ambiente y cambio climático, por citar algunas. Es importante que se concentre toda esta información en el archivo general municipal para consulta posterior”.
También, dijo, es fundamental contar con este acervo para que en futuro los cronistas puedan basarse en estos documentos al generar información histórica, “toda vez que, de acuerdo con los pasos de conservación, contamos con un grupo interdisciplinario que decide qué información se conserva”.
Recordó que la ley general de archivos entró en vigor en junio del 2019, en la que se especifica que todos los ayuntamientos deben contar con un sistema institucional de archivos, que consiste en un catálogo de disposición documental, un cuadro general de clasificación documental y un inventario de información documental por cada área.
“Cada año debemos subir esta información y ponerla a disposición de los ciudadanos a través de nuestro portal de trasparencia”, concluyó.