-El castigo por estos delitos es de 3 a7 años de prisión
Elena Rojas, Zamora
La alteración al registro federal de electores es el principal delito electoral en la entidad, sobre todo por proporcionar un domicilio irregular o tramitar una doble credencial de elector, señaló Omar Ferreira Hernández, fiscal ejecutivo titular de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Señaló “de momento no se tiene conocimiento de delitos de competencia federal que hayan sido cometidos en el estado. Son alrededor de 70 ministerios públicos, cada uno de estos lleva sus propias investigaciones y las lleva bajo sigilo”.
Dijo que por el momento, en contra de instituciones políticas o de algún candidato, no se tiene registrada ninguna denuncia. “Además de que estamos actualmente en el tiempo de precampaña y regularmente son elecciones internas que se rigen por los propios estatutos de los partidos políticos, pero si llegara a haber algún tipo de conducta, sí seríamos competentes, únicamente lo que atañe a las elecciones de diputados federales. No obstante, el grueso de nuestra investigación va con delitos relacionados en contra del registro federal de electores”.
Reiteró “el delito electoral más frecuente tiene que ver con la alteración al registro federal de electores, proporcionando un domicilio irregular o un domicilio donde no habita la persona que se registró o en su defecto que tramite una doble credencial de elector con una identidad diversa a la que realmente tenga. Esos delitos son a nivel federal y quien se encarga de amonestarlos es el INE, no es competencia del IEM”.
Agregó “por los delitos ya citados se generan sanciones que van de 60 a 100 días de sanción y de 3 a 7 años de prisión. La estadística del número de personas que se han detectado en Michoacán que han incurrido en estos delitos es una información que se guarda bajo sigilo, por motivo de las investigaciones”.
“Por lo que cualquier información de esa índole tendría que solicitarse en el área de comunicación social de la fiscalía, que es la autorizada para proporcionar la estadística”, mencionó.
Dijo que en los delitos electorales ya citados se han incurrido por diversas causas “puede ser gente que efectivamente desconozca el motivo por el cual realiza el cambio de domicilio, o porque quiere evadir una deuda o proporcionar domicilios en distintos lugares, precisamente para evadir responsabilidades en otras situaciones y que realmente ignore la trascendencia de su conducta”.
A escasos días de dar inicio el periodo de campañas electorales, hizo las siguientes recomendaciones a fin de evitar incurrir en delitos electorales “a los funcionarios públicos, evitar la propaganda de los programas de gobierno o la publicación de programas de gobierno, evitar condicionar cualquier tipo de programa de gobierno, no realizar la retención o el recoger la credencial de elector, evitar condicionar el voto a cambio de una dádiva, dar dinero, promesa de obtención de algún beneficio, sería lo que más se pudiera llegar a denunciar”, finalizó.
Numeraria
21 artículo de la ley general en materia de delitos electorales establece cuando la fiscalía es competente y cuando es de competencia estatal
70 ministerios públicos en el país