-Ciudadanos se quejan de hechos arbitrarios y excesivos cobros de multas
-Al no especificarse que corporación levanta infracción o hace detección, genera incertidumbre del ciudadano
Elena Rojas, Zamora
Ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) repuntaron las demandas en lo que respecta a las infracciones y detenciones por parte de seguridad pública que terminan en revisiones al área de barandilla, señaló Karlo Martin Samaguey Zamora, defensor del TJA en esta ciudad.
Comentó que en lo que va del año van 85 quejas, de las cuales el 70 por ciento son por infracciones de tránsito. Y dejó en claro, “el repunte es con referencia a otro tipo de asuntos. Mientras en 2017 a estas fechas el mayor número de demandas fue contra el sistema de agua potable, este año, el mayor número de quejas ha sido contra los elementos de tránsito.
Expresó, “en lo que se refiere a infracciones, la queja que predomina es que son detenidos por elementos de seguridad pública, los cuales después de tenerlos algún rato, hacerles la revisión de documentos y que no llegan a algún acuerdo, que finalmente tampoco los pueden infraccionar porque no son tránsito, los hacen esperar a que llegue el elemento de tránsito y levante la infracción”.
Por tanto, dijo “la infracción ya está viciada de origen, debido a que al elemento de transito que llega después de la retención que hizo seguridad pública no le constan los hechos, únicamente tiene el dicho de los policías. Por lo que no se puede cerciorar si el conductor se pasó el alto o no, si traía o no cinturón, o alguna otra situación que esté cometiendo la infracción”.
Comentó, “otra queja que manifiestan los ciudadanos es que ante cualquier situación se llama a la grúa para remitir la unidad al corralón. Aunque si bien el alcoholímetro es un medio de control necesario, pero a la gente lo que le duele es el costo excesivo de esta infracción que ronda de los 1 mil 500 a 3 mil 500 pesos, aunado a los costos que implica el corralón y la grúa y en algunos casos, el pago de la salida de barandilla”.
Agregó que la constitución tiene regulado que cuando un trabajador asalariado, dedicado a la actividad u obrero, comete una infracción, únicamente se le debe cobrar lo de un día de su ingreso, “se les debe tener esa consideración, y desafortunadamente no la están tomando en cuenta por parte de la autoridad municipal”.
Añadió, “en lo que respecta a la detención indebida, el ciudadano acude al TJA mencionándonos actos arbitrarios por parte de la autoridad, que sienten la hostilidad por parte del elemento. Y es que al momento que el ciudadano empieza a querer documentar como está siendo su detección o como está siendo infraccionado, al querer tomar fotos o video, se molestan los elementos de tránsito, al grado que se los llevan detenidos al área de barandilla y ahí les arrebatan el celular y borran la evidencia”.
Comentó que la mayoría de sentencias han sido favorables, en cuanto a que se le tiene que regresar al ciudadano lo que se ha pagado. Al tiempo que dijo, “no hemos tenido los elementos probatorios para acreditar esta violación ante la CEDH, pero evidentemente en cuanto los tengamos, habremos de brindarle esa protección más amplia al ciudadano, en cuanto a hacer las quejas respectivas ante los órganos internos de control”.
Y es que dijo, “debemos permitir que la autoridad actué, pero también acatando la normatividad que tienen como tal. Hay ciudadanos que nos han indicado que los elementos de seguridad pública también les toman fotos o videos y también lo pueden hacer”
Prosiguió, “la diferencia es que el elemento de tránsito si ya recabo esas pruebas durante una actuación en uso de sus facultades, tiene la obligación de remitirlas a la propia Dirección de policía y tránsito para efecto de que queden en el expediente respectivo de esa infracción y no lo hacen. Toda prueba que sea recabada por una autoridad, tiene el carácter público”.
Reconoció a los delegados de transito de Zamora y Jacona. Y es que dijo han tenido la apertura en acatar las resoluciones del tribunal, “ellos mismos incluso de manera directa dan cumplimiento, buscan al particular en su domicilio y han tratado de salir librados.
Añadió, “donde hemos enfrentado una mayor resistencia al cumplimiento y que en ocasiones tratan mal a los propios ciudadanos, es en la dirección de seguridad pública municipal, donde los ciudadanos nos indican que los tienen 2 a 3 horas afuera esperando y no los quieren atender y cuando los atienden les dan una regañada por presentar la demanda y ya después les regresan el documento retenido, en base a la orden”.
Ante esa situación se tomó la determinación de que mejor el personal de este TJA acuda a recoger el documento, para seguir evitando el maltrato hacia los usuarios, finalizó.
Numeraria
85 demandas en lo que va del año
A la alza quejas por infracciones de tránsito y detenciones hechas por seguridad publica
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