-Una de las intenciones es crear la Fiscalía del Estado
Elena Rojas, Zamora
El Congreso local prepara ocho leyes encaminadas a crear la instrumentación jurídica que requiere el nuevo sistema de justicia penal, mismas que deben ser aprobadas en el mes de noviembre, señaló la legisladora perredista, Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, integrante de la Comisión de Justicia del comité de comunicación social de la cámara y del Comité de Comunicación del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal
Lo anterior lo externó al clausurar el curso-taller de capacitación “periodismo en el nuevo sistema de justicia penal”, que impartió este fin de semana Natanael Isai Castelán Iturria, consultor en materia penal y seguridad pública.
Dijo “por ejemplo en la ley de atención a víctima, se incluye la reparación del daño y la percepción de la víctimas, sus derechos, entre ellos a contar con un asesor jurídico. En la ley de personas intervinientes al juicio o protección a personas, se garantizará que éstas tengan la posibilidad de estar protegidas por el estado, cuando el ser un testigo o el ser un denunciante de tal o cual situación, el estado se comprometa a cuidar su integridad física, emocional y de su familia, para poder sacar el juicio adelante”.
Añadió “en la ley orgánica de la fiscalía se incluirá la reforma constitucional para crear la fiscalía del estado, la ley de la procuraduría de la fiscalía, el nuevo código penal, la nueva ley orgánica del poder judicial, entre otras que contemplan sobre la presunción de inocencia, derechos del imputado, etc.; mismas que se verán reflejadas en estas reformas constitucionales e históricas para la vida de Michoacán”.
Enfatizó que la reforma al artículo 73 de la constitución federal es la más importante en los últimos 100 años de vida jurídica de nuestro país, por lo que es un gran reto para todos tanto para los periodistas, ciudadanos, victimas, poderes, etc., para que en marzo del 2015 se implemente el proceso de manera favorable”.
De igual manera dijo las instituciones deben adecuar sus currículas para que los futuros abogados estén debidamente capacitados en ese reto.
Asimismo aseveró que el poder legislativo tendrá que caminar de la mano con los otros dos poderes, ejecutivo y judicial, “para que el personal de la procuraduría y seguridad pública esté debidamente capacitado, de esta manera evitar una violación a los derechos humanos de la víctima o el imputado. El poder judicial también está trabajando muy comprometidamente en la capacitación de todos sus operadores”.
Aseveró “con este nuevo sistema existirá más agilidad en la tramitación de un juicio, habrá menos personas detenidas y sobre todo lo que buscamos todos los que en algún momento demandamos justicia es que exista la reparación del daño. Nos permitirá además no tener las cárceles llenas de acusados. Las estadísticas nos hablan que en Estados Unidos el 95 por ciento de los detenidos estaban privados de su libertad por un delito menor a cinco mil pesos”.
En ese sentido dijo “queda cuestionarnos ¿en cuánto nos sale a la sociedad y el estado mantener a tantas personas detenidas?. Por ello es importante esta transición, así también este sistema ayudará a mitigar la corrupción que hay en las autoridades de seguridad pública y en las de procuración de justicia”.
“Se privilegiará la reparación del daño, que es algo por lo cual que muchas personas han dejado de acudir a las instancias a denunciar, porque lamentablemente a veces se invierte más tiempo de lo que resuelve, por tanto este nuevo sistema garantizará un acceso más inmediato a la justicia y evitará llegar a un juicio y tener una conciliación”, finalizó.
Numeraria
8 leyes preparan en el Congreso local