Redacción, Ciudad de México
A menos de un mes de que concluya el plazo oficial para registrar las líneas celulares en México, la oposición al padrón telefónico obligatorio ya salió de las redes sociales y llegó a las plazas públicas. Incluso al interior del país, ya hay ciudadanos que iniciaron una campaña para promover amparos colectivos dirigidos a usuarios que no desean vincular su número telefónico con sus datos personales.
En algunos lugares, como en el norte de México, se convocó a ciudadanos interesados en sumarse a una acción legal contra el registro obligatorio de líneas telefónicas con el objetivo de reunir firmas para presentar amparos que permitan a los usuarios evitar el trámite sin enfrentar consecuencias como la cancelación de sus números.
Consideran que la iniciativa federal representa una violación a la privacidad digital de los mexicanos, “el mecanismo podría permitir al gobierno acceder a información relacionada con la ubicación de los usuarios, así como conocer detalles sobre sus llamadas y mensajes”.
La resistencia legal ya comenzó
En Chihuahua la movilización está encabezada por un diputado de Movimiento Ciudadano, y no es el único frente jurídico contra el registro obligatorio, también un ciudadano de Aguascalientes promovió uno de los primeros amparos indirectos para evitar la vinculación de sus líneas telefónicas con su identidad.
De acuerdo con documentos judiciales, el recurso fue presentado ante un juzgado federal con el argumento de que los lineamientos emitidos para el registro condicionan el acceso a servicios de telecomunicaciones y podrían afectar derechos relacionados con la privacidad, la protección de datos personales y la autodeterminación informativa.
Entre los argumentos presentados destaca el temor sobre la seguridad de la información recopilada durante el proceso, precisamente al inicio del mismo, se reportó que durante los primeros días de operación del padrón surgieron denuncias sobre una presunta exposición de datos de usuarios en sistemas asociados al registro, situación que alimentó las dudas sobre la capacidad de proteger bases de datos de gran escala.
El verdadero problema: millones todavía no se registran
La aparición de estos amparos coincide con otro desafío para las autoridades: el lento avance del registro. Según cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indicaban que al cierre de mayo apenas se habían registrado poco más de 52 millones de líneas móviles. Esto representa poco más de un tercio del universo total de líneas activas en el país, por lo que todavía quedan decenas de millones pendientes de completar el trámite.
Especialistas han advertido que alcanzar la meta original luce complicado. Desde el arranque del proceso se calculó que sería necesario registrar cientos de miles de líneas cada día para cumplir con el calendario establecido. Sin embargo, problemas técnicos, fallas en plataformas y la desconfianza de los usuarios han complicado el avance.
De hecho, datos de The Competitive Intelligence Unit citados previamente indican que siete de cada diez personas que aún no han registrado su línea señalan la desconfianza como la principal razón para no hacerlo.
Entre una posible prórroga y más amparos
Mientras persisten versiones sobre una eventual extensión del plazo oficial, la autoridad mantiene públicamente que el 30 de junio continúa siendo la fecha límite para completar el registro.
Sin embargo, la combinación de millones de líneas aún pendientes y la creciente organización de usuarios inconformes abre un nuevo frente para el padrón telefónico. Por un lado, el gobierno necesita acelerar el proceso para evitar una desconexión masiva. Por otro, cada vez más ciudadanos buscan que sean los tribunales quienes definan si la obligación de entregar datos personales para conservar una línea telefónica es compatible con los derechos de privacidad y protección de datos.
Por ahora, el registro sigue avanzando. Pero también lo hacen los amparos.
