Noé Ortiz
Otra vez la visión chata de los problemas de la sociedad: diputados miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado discuten las medidas para obstruir señales de celular en los centros penitenciarios “para evitar la comisión de delitos como la extorsión”, dicen.
¿Qué no se supone que los presos no deben de tener celulares en su posesión dentro de prisión?, y si los tienen, ¿qué no deberían los legisladores preocuparse más por detener las circunstancias que permiten tal violación a leyes y reglamentos?, pero claro, ante la incapacidad, ilegalidad.
Los diputados no pueden disponer el bloqueo de señales al interior de un penal porque si bien, los reos tienen suspendidos sus derechos civiles, entre ellos el de la libre comunicación, no todo el que está en un penal, es reo: hay custodios, abogados, visitantes y prestadores de servicios cuya señal no tiene por qué ser afectada, pues se estaría atentando contra un derecho fundamental.
Volvamos al principio básico: ningún acto de autoridad que emana de la ilegalidad produce efectos positivos, por más que se lo quiera justificar.
Es tan absurdo como si los diputados dispusieran una ley para prohibir darles vasos a los prisioneros y así evitar el alcohol de contrabando que tengan en sus celdas, o la implementación de un dispositivo que evite el disparo de las armas de fuego que posean…
Pero, resolver el problema implica mucho trabajo, como ponerse a trabajar en el Servicio Civil de Carrera que permita el desarrollo dentro de la administración pública de profesionistas y especialistas en áreas, como la carcelaria, y les permitan ir escalando posiciones de acuerdo a las aptitudes, y quedándose en el camino los que no sirvan. Claro que esto implicaría que ya ningún diputado, gobernador, alcalde, secretario o director, podría recomendar a su conocido para ocupar un puesto, sino que tendrían que ganárselo, lo que lo hace poco atractivo para los políticos, además de que una solución así daría resultados con el tiempo y a los legisladores no les tocaría cacarear el huevo. Y eso no les gusta.
Faltan también las sanciones penales y administrativas a quienes permitan la introducción de celulares, por acción u omisión, lo que implica una seria reforma en la aplicación de las investigaciones judiciales y la operación de los ministerios públicos a los que habría que capacitar… si, es cierto, esto requiere mucho trabajo y trabajo serio, y ¿quién se va a meter en esto?, mejor, a bloquear señales, que es facilito y no hay que pensar mucho.