José Guerra/Sahuayo.
Tras las extorsiones de que son objeto sus agremiados, organizaciones de esta entidad están ofertando al gobierno estatal fungir como auxiliares en la idea de que los vehículos de procedencia extranjera paguen sus contribuciones estatales y dejar así de ser un negocio para las corporaciones policiacas.
De acuerdo a Jesús González Ayala, líder de la Unión Campesina Democrática, las quejas por parte de sus agremiados en cuanto a la extorsión de que han venido siendo objeto por parte de corporaciones policiacas obliga a que el gobierno del estado de Michoacán vea con la seriedad del caso la propuesta realizada por esta organización en el sentido de generar los mecanismos necesarios para tramitar la legalización de las casi 600 mil unidades de procedencia extranjera.
Lo anterior, agregó debido a que los propietarios de unidades con placas extranjeras o permisos de internación temporal prácticamente se han vuelto un cheque al portador para la policía federal; señaló que los afectados están dispuestos a rendir declaración sobre estas extorsiones siempre y cuando se garantice su integridad.
De hecho señaló que en los últimos días se tienen documentados ya tres casos, uno de ellos en el aeropuerto de Guadalajara donde los federales retuvieron a un hombre dos días hasta que les fueron entregados los 30 mil pesos que pedían por la liberación de su vehículo; los otros dos casos se dan en la franja fronteriza entre Vista Hermosa Michoacán y La Barca Jalisco donde los cobros se realizaron incluso en dólares.
De acuerdo a datos extraoficiales, se señala que de aprobarse el proyecto presentado las arcas estatales podría recibir una recaudación cercana a los 22 mil millones de pesos producto de los impuestos cobrados en cuanto a los trámites de legalización como los de dotación de matrículas de esta entidad.
En ese tenor, señaló que los representantes de las organizaciones de esta entidad han acordado ofrecerse como oficinas de apoyo para la integración de los expedientes de los solicitantes de este beneficio esto debido a que, en su mayoría, estas organizaciones cuentan ya con experiencia y las relaciones necesarias para poder agilizar estos trámites sin distraer personal de las oficinas de la Secretaría de Finanzas.
“Nuestros agremiados prefieren arreglar su situación y no estar siendo extorsionados a cada rato, hay compañeros que están planteando movilizaciones pero las condiciones no están para eso; queremos ser respetuosos con el gobierno del Estado, nosotros le presentamos ya un proyecto al Secretario de Gobierno Adrián López para que estas unidades puedan regularizarse” finalizó González Ayala.